Reformas del Régimen de Zona Franca: ¿Qué esperar en el futuro?

En la década de los años ochenta, nuestro país empezó un proceso para impulsar su economía en el mundo de las exportaciones; pasamos de simplemente ofrecer incentivos a la exportación de productos no tradicionales a promover la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), es por esta razón que en 1990 con la promulgación de la Ley No. 7210 Ley del Régimen de Zonas Francas, nace un nuevo concepto “zona franca” que pone a nuestro país a la vanguardia en temas de comercio exterior e inversión extranjera.

La Ley No. 7210 viene a definir los incentivos y beneficios que el Estado costarricense le va a otorgar a las empresas que vengan a invertir en el país, adicionalmente esta ley viene a innovar permitiendo la incorporación de empresas que ofrezcan servicios de exportación, no únicamente productos. En sus primeros años, las modificaciones fueron mínimas, prevaleciendo hasta la fecha la seguridad jurídica.

La primera reforma significativa se da mediante la Ley No. 7830 del 22 de septiembre de 1998, que impulsó lo siguiente: (i) mecanismos de control y fiscalización; (ii) ajuste de obligaciones e inserción de infracciones y sanciones; y (iii) la reinversión de las empresas.

La segunda reforma mediante la Ley No. 8262 del 02 de mayo de 2002, que viene a apoyar la pequeña y mediana empresa, siguiendo las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se establecieron vínculos entre la empresa privada y las instituciones y se impulsaron los encadenamientos para que esas pequeñas o medianas empresas se convirtieran en proveedoras de las empresas de zona franca, beneficiando así al sector exportador.

La tercera reforma según la Ley No. 8794 del 12 de enero de 2010, se da para cumplir con lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda Uruguay (Acuerdo SMC), que originalmente requería que todos los Miembros en desarrollo de la OMC eliminaran gradualmente cualquier “subvención a la exportación”; se da una de las reformas más grandes a la Ley No. 7210 y se incorpora la categoría f) de empresa procesadora sin requisito de exportación; así como los criterios de elegibilidad y el establecimiento de sectores estratégicos.

La cuarta reforma proviene de la Ley No. 9531 del 18 de abril de 2018 para promover la inversión y la generación de empleo de calidad en la Región Occidental de Alajuela, específicamente para los cantones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón.

La quinta reforma según la Ley No. 9689 del 24 de mayo de 2019, para asegurar cumplimiento de los estándares y criterios internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el “marco inclusivo” del plan de acción de lucha contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (“BEPS, acción 5”), ajustes como parte del ingreso de Costa Rica a la OCDE, eliminando las restricciones que tenían las empresas de servicios para las ventas al mercado local.

La sexta reforma según la Ley No. 9851 del 17 de junio de 2020, interpretación del inciso d) del artículo 20 de la Ley No. 7210 por parte de los gobiernos locales, en relación con el impuesto territorial, aclarándose que donde dice “impuesto territorial” debe entenderse “impuesto sobre bienes inmuebles”.

La sétima reforma según la Ley No. 10234 del 04 de mayo de 2022, Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, de conformidad con lo siguiente: (i) amplía el concepto de inversiones nuevas relativas a infraestructura y capital humano, (ii) modifica requisitos y condiciones para las empresas bajo la categoría c); (iii) Trámites VUI, (iv) nuevas categorías g, h, i y sus inversiones, (v) nuevas definiciones, entre otros.

La octava reforma según la Ley No. 10559 del 17 de octubre de 2024, Ley para incentivar la reactivación del sector cultural y la atracción de producciones fílmicas y musicales, la inclusión de una nueva categoría de empresa, a través del inciso j) al artículo 17 “j) Empresas de la industrias fílmicas, audiovisuales y discográficas que se instalen permanentemente fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)”.

El régimen a través de los años ha enfrentado grandes detractores, sin embargo, esos intentos por modificar sus condiciones no han prosperado, la estabilidad y la seguridad jurídica se han mantenido, lo cual es fundamental para la atracción de IED; recientemente el tema del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales es la preocupación del régimen, ya que este podría venir a impactar la seguridad jurídica.

Si bien es cierto, hemos escuchado de este impuesto desde el año 2016 y va a venir a modificar la exoneración del impuesto a las utilidades que ofrece el régimen, por lo que, en un futuro cercano, el régimen debe reformularse y cobrar un porcentaje mínimo de renta de acuerdo con el impuesto mínimo global.

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